El 5 de febrero de 2025, Pamela Bondi, recién nombrada Fiscal General de los Estados Unidos, emitió 14 memorandos dirigidos a los empleados del Departamento de Justicia, los cuales fueron divulgados públicamente.
Estos documentos establecen que, bajo su liderazgo, las prioridades del Departamento serán: (i) aplicar las leyes migratorias, (ii) combatir la trata de personas, (iii) desmantelar el crimen organizado transnacional y (iv) proteger a las fuerzas del orden. Véase la Política general sobre cargos, negociaciones de declaración de culpabilidad y sentencias, 5 de febrero de 2025, págs. 3-4, disponible aquí.
No obstante, varias modificaciones en la política del Departamento tienen consecuencias importantes para el cumplimiento y la regulación corporativa. Entre los cambios más relevantes se encuentran los siguientes:
FCPA.
Un memorando titulado «Eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales» ordena a la Unidad FCPA de Main Justice priorizar investigaciones sobre sobornos internacionales que faciliten actividades de cárteles y TCO. Se reduce la atención a otros casos sin esa conexión. Además, ya no será obligatorio que la Unidad FCPA en Washington autorice y procese estos casos. En cambio, cada una de las 94 Fiscalías Federales de EE.UU. podrá iniciar investigaciones y presentar cargos.
Casos de apoyo material/IEEPA.
Del mismo modo, el Departamento eliminó la exigencia de que las fiscalías federales locales deban obtener la aprobación de la División de Seguridad Nacional antes de presentar cargos o solicitar órdenes de allanamiento en casos de terrorismo y sanciones. Esto aplica cuando las investigaciones involucran a miembros o asociados de cárteles u organizaciones designadas como terroristas extranjeras o SDGT, conforme a la Orden Ejecutiva del Presidente Trump del 20 de enero de 2025, que analizamos aquí.
Reducción de investigaciones de FARA.
Antes de 2016, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) y el estatuto penal 18 USC § 951 eran poco aplicados. Sin embargo, tras un informe del Inspector General del Departamento de Justicia en 2016, se impulsó una aplicación más rigurosa de FARA, resultando en numerosos casos en los últimos años, incluyendo varios de alto perfil. El memorando de Bondi del 5 de febrero de 2025, titulado «Acusación, Negociaciones de Declaración de Culpabilidad y Sentencia», revierte esta tendencia. Ahora, los cargos penales por FARA y la Sección 951 solo se emplearán en casos de actividades similares al espionaje de actores gubernamentales extranjeros. Además, la Unidad FARA de la División de Seguridad Nacional enfocará su labor en el cumplimiento civil, iniciativas regulatorias y orientación pública.
Restricciones en el uso de documentos de orientación. Finalmente, la procuradora Bondi derogó el memorando de 2021 sobre el uso de documentos de orientación en el Departamento de Justicia. Este memorando, ahora anulado, permitía a los fiscales utilizar documentos de orientación como evidencia de que un acusado conocía una norma o reglamento y, por lo tanto, no la cumplía.
Tomado y adaptado de: https://www.bakerbotts.com/thought-leadership/publications/2025/february/compliance-and-enforcement-takeaways-from-the-attorney?utm_
