Análisis: Radiografía de la corrupción en Colombia

El 62 % de los casos analizados afectaron al sector defensa; el 11 % al sector judicial y el 30 % a otros sectores –como educación, ciencia, vivienda, ordenamiento territorial, salud y transporte–. /Archivo El Espectador

Una investigación de Transparencia por Colombia mostró cuál es el tipo de corrupción más común en el país, dónde hay más reportes de estos casos y cuáles han sido sus consecuencias principales.

20 dic. 2021 – 6:56 a.m.

Gerardo Andrés Hernández Montes*/Razón Pública

La corrupción y la memoria

Con cierta frecuencia decimos que en Colombia no tenemos memoria, pues parece que los problemas se repiten en lugar de resolverse. Los escándalos de corrupción reaparecen continuamente en los medios, aunque a veces con nombres distintos –y como si cada episodio fuera el primero–.

A partir de esta reflexión, en Transparencia por Colombia hemos investigado cómo recordar lecciones del pasado para enfrentar la corrupción de forma efectiva. Con este propósito, reconstruimos y analizamos 967 casos de corrupción reportados en más de 2.000 notas de prensa publicadas por 25 medios escritos, entre 2016 y 2020. Además, contrastamos estas notas con datos de la Fiscalía General de la Nación y otros órganos de control.

Los resultados de esta “radiografía de la corrupción” son muy preocupantes, pues muestran que la corrupción es un problema extendido en distintos sectores y territorios, y que sus consecuencias van más allá de las económicas.

¿Cuál es el tipo de corrupción más común?

El 44 % de los casos analizados corresponden a corrupción administrativa, es decir, aquella que afecta la ejecución de recursos públicos y la provisión de bienes y servicios por parte del Estado.

En esta categoría se incluye el desvío de recursos o políticas en función de intereses particulares, por ejemplo, la manipulación de las investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales. También se incluyen el desvío de recursos públicos o el uso de recursos de origen ilícito para financiar campañas políticas, y el pago de favores políticos mediante la asignación irregular de contratos y cargos públicos.

El 19 % de los casos corresponden a corrupción privada, una categoría que en reportes anteriores había llegado apenas al 9 %. En este tipo de corrupción, actores privados que ejecutan recursos públicos afectan el interés general de diferentes formas: mediante sobrecostos en contratos públicos, cobros dobles por obras ejecutadas, cobros sin la prestación del servicio, pagos por conceptos no autorizados, apropiación de dinero sin terminar las obras contratadas o la entrega de obras inconclusas.

Igualmente, se identifican casos de falsificación de documentos, en especial de títulos profesionales, permisos de construcción, garantías y titulaciones de tierra, así como prácticas de colusión entre agentes privados para repartirse contratos públicos.

Por último, el 10 % de los casos analizados corresponden a corrupción judicial: interferencias de jueces, fiscales o funcionarios judiciales para beneficiar ilegalmente a una persona o un grupo de personas. Dentro de esta categoría se incluyen, por ejemplo, otorgamiento de libertades, detenciones domiciliarias y rebajas de pena a cambio de grandes cantidades de dinero. También se identifican irregularidades en la asignación de audiencias y beneficios a personas privadas de la libertad, como traslados, fiestas y celulares dentro de los centros carcelarios.

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Desde otra perspectiva, encontramos que el 62 % de los casos analizados afectaron al sector defensa; el 11 % al sector judicial y el 30 % a otros sectores –como educación, ciencia, vivienda, ordenamiento territorial, salud y transporte–.

Dentro de este tipo de corrupción se destacan casos de irregularidades en la contratación pública, la prestación de servicios de seguridad –como la venta de armas o de información– y otros trámites administrativos –como otorgamiento de permisos de construcción o licencias ambientales, expedición de cédulas y cobro de impuestos–.

El 27 % de los reportes estuvieron relacionados con corrupción política, es decir, casos en los que funcionarios públicos manipularon procedimientos, reglas y trámites institucionales a su favor, con el fin de mantener o aumentar su poder.

Le recomendamos: La corrupción de la justicia y de los organismos de control

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